Migrantes contribuyen al Fisco, crean empresas y solo en sectores puntuales afectan los salarios

La población extranjera ya configura el actual escenario de Chile y su presencia se ha sentido en la economía también.

Así lo afirma un estudio realizado por Espacio Público y el Centro de Políticas Migratorias, que determinó que los migrantes han contribuido al crecimiento del país, además de realizar un aporte fiscal neto positivo, ya que los impuestos pagados son superiores a los recursos que el Estado gasta en las personas extranjeras.

En cuanto a la participación de la población migrante en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, la investigación concluye que fue de 13,4% entre 2009 y 2017. Especificando acerca de su origen, la mayor parte (11,5%) fue de aquellos de origen latinoaméricano, a pesar de que representaron solamente un 3,8% de la fuerza laboral. También se destacaron en los sectores productivos de la agroindustria, la minería y la construcción.

En el detalle, el 86% de esta contribución al Producto fue por el incremento bruto de la fuerza laboral, mientras que el 11% proviene de un incremento mixto de la fuerza laboral y productividad y solo el 3% es debido a alzas en productividad.

Esto se contrapone con la población chilena, cuyo aporte al PIB fue en 61% por el crecimiento bruto de la fuerza laboral y 34% por productividad.

Para el investigador de Espacio Público, Lucaz González, estos datos “ayudan a contextualizar el importante aporte económico que hacen los migrantes al país”, considerando que la tasa de natalidad de Chile se ubica en un mínimo histórico con 1,3 hijos por mujer y que la última encuesta Casen estimó que el 68% de los extranjeros se encuentran entre los 15 y 44 años.

“Según datos del año tributario 2021, cerca del 8% de las recaudaciones del SII son contribuciones de los migrantes, realizando una contribución neta positiva al fisco”.
Lucaz González, Investigador de Espacio Público.

“La gran mayoría son personas que están desarrollando un proyecto familiar y laboral, y regularizar su situación les permitirá insertarse y aportar de mejor forma al país”.
Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias.

“Es más, según datos del año tributario 2021, cerca del 8% de las recaudaciones del SII son contribuciones de los migrantes, realizando una contribución neta positiva al fisco”, dijo.

Esto ya que de acuerdo a datos del Servicio Jesuita a Migrantes, los contribuyentes extranjeros pagaron $ 415.357 millones en tributación al Fisco, representando el 8% de lo recaudado ese año. Además, según cifras de la Tesorería General de la República, en 2022 se contabilizaron $ 4.785 millones por los trámites de pago a extranjería por las diligencias realizadas.

También se identificó que la contribución al gasto público es estable y que entre el período entre 2014 y 2021 hubo un incremento, pasando de $ 409.878 millones a $ 563.290 en el impuesto global complementario.

Creación de empresas

El aporte económico no solo se queda ahí, el informe también concluye que existe contribución en la creación de empresas. Las sociedades creadas por extranjeros se ha incrementado considerablemente en el tiempo, pasando de ser 3,4% del total en 2013 a representar el 12,5% en 2021.

Mientras que para este año existen 17.212 empresas individuales de responsabilidad limitada cuyo titular es de nacionalidad extranjera y en 2023 iniciaron actividades 17.657 empresas que tenían al menos un socio extranjero.

La visión de los extranjeros

Mujer, venezolana,
un año en chile, Santiago.

“El mayor aporte cuando uno ingresa al país es el pago del arriendo, que es como una cadena, pagamos impuestos cuando vamos al supermercado, prácticamente eso es algo que le va quedando al Estado”.

Mujer, chilena
73 años, Puerto Montt.

“Los inmigrantes tienen también muchos negocios, talleres mecánicos, donde tienen alguna facilidad para adquirir dentro del sistema estatal, de la municipalidad, patentes, armar negocios”.

Hombre, colombiano
menos de un año en Chile, Antofagasta.

“Estamos acá para buscar estabilidad, que pues el país nos brinda con cuestiones de empleo, de poder trabajar.
Mi hermano está acá y es un ejemplo al que le ha ido muy bien”.

Hombre, venezolano
seis años en chile, Santiago

“Convalidar [el título] sería genial, pero piden muchas cosas. Por ejemplo en la Embajada no hay citas para que nosotros podamos apostillar una certificación del seguro social de Venezuela”.

Mujer, chilena
63 años, Santiago

“Ellos mismos aportan mucho a Chile porque empiezan a hacer sus negocios e integran a los chilenos, les dan trabajo.
Hay varios negocios de extranjeros, porque ellos vienen con esa motivación de surgir”.

Además, de acuerdo a la encuesta Casen 2022, son 19,7% los migrantes que trabajan por cuenta propia, mientras que en el caso de los no migrantes la proporción sube a 22,7%.

En el caso de los ocupados, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelan que la tasa de ocupación ha sido más alta para la población extranjera que la de los chilenos, manteniéndose desde 2013 -y con excepción de 2020- sobre el 70%, mientras los no migrantes no han superado el 58%.

Sin embargo, el estudio también concluyó que la migración no ha afectado negativamente los salarios reales de los trabajadores chilenos, ya que en promedio son más bajos. La excepción son algunos casos puntuales en sectores de baja calificación, ya que se identificó mayor competencia laboral debido a que los extranjeros trabajan en ocupaciones que requieren de menos calificaciones comparadas a las que tenían en sus países de origen.

El desafío de la informalidad

Bajo este escenario, el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, señaló que el desafío más urgente en el corto plazo es abordar la informalidad laboral y la irregularidad migratoria, lo que impactaría a casi 200 mil personas que viven en Chile de manera irregular.

“Puede haber una minoría que no cumpla los requisitos mínimos para regularizarse (por ejemplo, si han cometido delitos), pero la gran mayoría son personas que están desarrollando un proyecto familiar y laboral, y regularizar su situación les permitirá insertarse y aportar de mejor forma al país”, dijo.

Para el mediano plazo, el abogado identificó que se necesita un sistema más eficiente para que la migración laboral se produzca por los canales regulares, con trámites migratorios claros y expeditos para quienes quieran venir a trabajar al país, además de una fiscalización efectiva a empleadores que infrinjan la normativa laboral y migratoria.

Por su parte, González señaló que para el desarrollo económico sostenible es fundamental vincular efectivamente la oferta de empleos y la demanda de trabajadores migrantes.

“Esto requiere hacer esfuerzos para mejorar la información que tenemos sobre esta población, para establecer perfiles en base a sus competencias profesionales con foco en sectores productivos estratégicos que se quieran potenciar”, indicó.

Para ello, dijo, se necesita institucionalizar espacios que convoquen a autoridades de los gobiernos regionales y locales, en conjunto con representantes del sector empresarial, para potenciar la coordinación entre los planes de contratación y las necesidades de cada región.

Siguiendo esta línea, el estudio también entrega propuestas de políticas públicas para enfrentar los desafíos, como la implementación de una nueva normativa sobre revalidación y reconocimiento de títulos profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero; potenciar sistemas de certificación de competencias de trabajadores migrantes y su vínculo con redes de inserción laboral; y conectar de manera estratégica las necesidades de sectores productivos y las oportunidades de trabajo y capital humano que presenta la migración.

También apunta a implementar proceso de regularización extraordinaria para fomentar la formalización laboral de trabajadores migrantes; dinamizar y flexibilizar el sistema de visados para fomentar contratación formal de trabajadores migrantes; fomentar programas de capacitación, formalización y apoyo para emprendedores migrantes; y potenciar la entrega de información y el uso de convenios internacionales de seguridad social para acceder a pensiones de vejez.